Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Capítulo del libro colectivo Marea Blanca,
coordinado y recopilado por Luis Daniel Martín. ViveLibro, 2013.
Capítulo del libro colectivo Marea Blanca,
coordinado y recopilado por Luis Daniel Martín. ViveLibro, 2013.

Aun antes de especializarme, ya trabajaba con
víctimas de todo tipo: de atropellos, de agresiones sexuales, de mobbing, de
violencia de género… Contando esos años de estudiante, en los que fui
voluntaria de diferentes asociaciones, llevo ya veinte años trabajando con víctimas de
todo tipo. Por eso sé que la ayuda psicológica en los primeros momentos es
crucial, que es fundamental estar pendiente de la aparición de los primeros
síntomas, que éstos pueden aparecer incluso meses y meses después de los hechos, que hay que estar muy alerta para actuar ante las primeras señales. A nadie
se le escapa que es más fácil y tiene mejores resultados una detección e
intervención precoz que intentar hacer remitir un cuadro instaurado.
Por otro lado, la asistencia sanitaria integral es un
derecho de cualquier enfermo, sea su patología física o mental. Y ese derecho
precisamente es el que se va a ver vulnerado con los recortes sanitarios. Si
bien toda la asistencia sanitaria va a resentirse en su calidad, es en Salud
Mental donde más se va a notar, sobre todo entre los enfermos crónicos que, en muchos casos, son un producto directo del sistema
sanitario. En ausencia de tratamientos que incluyan la rehabilitación
psicosocial, un fármaco no puede curar el déficit de habilidades, por poner un
ejemplo. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos
antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente
que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha
aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo
tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos
con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005
millones de euros anuales, según Valladares, Dilla y Sacristán (2008) (1).
Es evidente que cada problema requiere sus
propios especialistas, y es obvio que ningún ginecólogo debería atender
un enfisema pulmonar ni que ningún médico de familia puede hacer un trasplante
de riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos atenemos a las estadísticas
que nos sitúan a la cabeza de Europa (junto con Reino Unido) en prevalencia
de trastornos psicológicos (2), los estudios de King M. et al (2008) (3) y
comparamos el ratio de psicólogos en nuestro país (4,3 por cada cien mil
habitantes frente a 19,6 psicólogos/100.000 en el resto de Europa, datos de la
OMS), nos encontramos con la paradoja de no poder dar la asistencia necesaria
ni a las víctimas de cualquier hecho, atentado, agresión o accidente ni al
resto de los afectados por patologías mentales.
El número de psicólogos en el Sistema nacional de
Salud es muy escaso en Atención Especializada y prácticamente inexistente en Atención Primaria, a pesar de que sociedades médicas de atención
primaria estiman que hasta el 66 % de las consultas en Primaria tienen un
componente principalmente psicológico. Con este panorama no es extraño que
muchas personas estén mal diagnósticas, su abordaje terapéutico se realice
exclusivamente con psicofármacos, contribuyendo así al enmascaramiento de los
síntomas, la cronificación del cuadro y a que la distancia temporal entre sesión y
sesión, en ocasiones, supere el mes y medio.
El tratamiento de cualquier víctima pasa por
hacer una intervención en crisis, cuando llegan a Urgencias por agresiones
sexuales, agresiones físicas, crisis de pánico o intentos de suicidio. No
dejarlas solas y acompañarlas durante todo el proceso, desde que ingresan hasta
que acuden a poner la denuncia. Pero no hay psicólogos en Urgencias.
Pasa también por la detección de los problemas
psicológicos en Atención Primaria y la derivación a Centro de Salud Mental de
forma preferente, para que, coordinados, se pueda hacer un abordaje integral de
cada caso, afrontando los problemas físicos, los psicológicos y la valoración de
la trabajadora social. Pero apenas hay psicólogos en Atención Primaria, no los
suficientes. Por eso hay que recurrir a los psicólogos de las múltiples
asociaciones de afectados, sobradamente motivados pero escasamente remunerados y
valorados. La labor de las asociaciones es admirable, pero una de las causas de
que existan es que hay deficiencias en el sistema.
Nos encontramos a menudo con el uso exclusivo de
tratamientos farmacológicos como terapia, que inhiben o hacen desaparecer los
síntomas, pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa
que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación,
o no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología
reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos,
provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual
empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica.
A
pesar de todas estas dificultades, la atención psicológica se iba haciendo un
hueco en la asistencia sanitaria, pero ahora los recortes nos llevan a un marco
diferente y desolador, en el que sólo tendrá acceso a ella quien se la pueda
pagar. Los seguros privados suelen limitar las terapias a un número concreto de
sesiones de una duración concreta, en ocasiones ridículo, como la duración
máxima de veinte minutos. Sobra decir que va contra la ética decirle a alguien
que su sesión ha terminado si en ese momento ha roto a llorar
desconsoladamente o te acaba de plantear que tiene ideas suicidas. Por otro
lado, el planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional
como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso
ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse,
sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación.
La
privatización de la Sanidad no va a llevar sólo a una vulneración de uno de los
derechos fundamentales del hombre, la salud; va a llevarnos a un mundo en el
que todos aquellos que hayan sufrido cualquier hecho que les lleve a una lesión
psíquica, tengan que convivir con sus fantasmas si no pueden asumir unos
tratamientos caros y prologados. Hasta la cicatriz más horrible puede dejar de
estar presente en la mente porque la herida se cura y deja de doler, lo que
pervive en la mente es el trauma psicológico, ese que solo se puede vencer
enfrentándose a él y que ningún fármaco puede borrar.
Por
ello soy una de las batas blancas que salen a la calle, porque quiero un mundo
en que toda persona que haya sufrido un hecho así tenga una segunda
oportunidad y no se vea obligada a arrastrar unas consecuencias que le lastren
y que podemos evitar. Que no haya enfermos de primera o de segunda en función
de su poder adquisitivo y en el que la Salud, con mayúsculas, la física y la
mental, esté al alcance de todos.
--
(1) Valladares, A. Dilla, T. Sacristán, J. Actas Españolas de Psiquiatría, 2009.
(2) Investigación dirigida por la doctora Carmen
Fernández y presentada por la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de
Familia y Comunitaria (Socalemfyc) como ponencia Violencia de género,
una prioridad y un reto social. Valladolid-Salamanca, 2007.
(3) King M. et al (2008) "Prevalence
of common mental disorders in general practice attendees across Europe."
British Journal of Psychiatry, 192, 5, pages 362-367.
3 comentarios:
Muy interesante !! Ser parte de esto es mi orgullo !!
Hola doctora su articulo es bueno pero no comprendo que tiene que ver algo la salud de la persona con la psicologia forense o es que va por aparte me gustaria saber porque quiero especializarme en la psicologia forense
Me encantó. Pienso igual.
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