TALLERES PARA LA ASOCIACIÓN DEDINES EN EL CENTRO CREER DE BURGOS

27 de julio de 2013

Del 21 al 23 de junio de 2013, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), ubicado en Burgos y dependiente del IMSERSO, acogió un encuentro de la asociación madrileña DEDINES, que agrupa a padres y madres de niños con plurisdiscapacidad. 

Entre las variadas actividades organizadas para los menores (sesiones de estimulación sensorial, arteterapia...) y sus familias (talleres de intercambio de experiencias, de psicología, etc...), la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez Salegui participó activamente impartiendo las siguientes actividades:

1. Escuela de Padres o Salud psicológica.
- Uso de estrategias emocionales y cognitivas adaptadas para aceptar la situación personal y familiar y canalizar acciones de manera constructiva.
- Actuaciones correctas.
- Manejo de la Asertividad para solucionar de manera efectiva situaciones de comunicación difícil en la familia, colegio, en general.
- Salud física estructural del cuidador.
- Modificación de conducta.
- Tratamiento de la epilepsia y pautas para el sueño.

2.- Tratamiento del estrés.
- Qué es el estrés y porque se produce.
- El estres en las familias de personas con discapacidad.
- Técnicas cognitivas y emocionales para mitigar el estrés.
- Taller práctico de relajación y respiración.


3.- Taller hermanos.
- Sensibilización y conocimiento de los hermanos con discapacidad.
- Desarrollo de emociones positivas hacia los hermanos con discapacidad.
- Cómo favorecer pautas positivas de interacción.

Se hicieron eco de esta actividad diversas webs especializadas como las de Somos Pacientes, CREER, DEDINES, o medios locales como Noticias de Burgos o Canal 54.

DECLARACIONES TRAS EL FALLECIMIENTO DE UN JUEZ POR INFARTO EN MADRID

26 de julio de 2013

Publicado en Gente Digital 05.07.13

UN SERVICIO SANITARIO URGENTE, TAMBIÉN PARA VÍCTIMAS E INCLUSO CONDENADOS

Patricia Costa 

Lourdes tiene el potasio bajo fruto de un trastorno alimenticio y, según los expertos, una alta probabilidad de sufrir un infarto. Esta mañana se enfrenta por primera vez a su agresor en los juzgados de Plaza de Castilla, el hombre que presuntamente la violó hace varios meses. Le acompaña de forma altruista Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense. En la audiencia previa, Lourdes sufrió un desmayo y Ana teme que hoy pueda atravesar una crisis de ansiedad. Todavía no está preparada para verle la cara. Por este motivo, y previa presentación del informe médico de su paciente, Gutiérrez Salegui ha solicitado que en el juicio se movilice a una ambulacia del SAMUR. Prefiere prevenir. Lamentablemente, el juez Ángel Luis del Olmo, fallecido el pasado 2 de julio a causa de un infarto mientras trabajaba, no tuvo esta opción. Ni en el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, en la calle Princesa, donde Del Olmo perdió la vida, ni en Plaza de Castilla cuentan con servicios sanitarios o desfibriladores para atender situaciones de urgencia, según indican los propios trabajadores. Al caso de este magistrado, de 58 años, se suma la presunta tardanza de la ambulancia, 40 minutos dicen unos, 16 asegura SUMMA 112. Un perito forense que se encontraba en el juzgado asistió a Ángel Luis en un primer momento, pero de nada sirvió la reanimación.

800 EUROS LA AMBULANCIA

"Movilizar a una ambulancia cuesta unos 800 euros. Teniendo en cuenta que los juzgados funcionan más o menos de 9 a 15 horas, sería más barato que tuviese un servicio médico fijo", opina Salegui. Con ella coincide otra persona que frecuenta los juzgados, el abogado Carlos Javier Galán. "No sé si sería viable por la dispersión actual de las sedes judiciales, pero creo que debería existir ese servicio especialmente en los juzgados de lo penal, donde se tratan temas como la violencia machista o las agresiones sexuales, situaciones más complejas y conflictivas", apunta. Sin embargo, subraya, "hay que ir a las causas de lo que le ha ocurrido a este juez. La actual carga de trabajo en los juzgados y la escasez de medios es intolerable".

MÁS CRISIS, MÁS LITIGIOS, MÁS ESTRÉS

A raíz de la muerte del juez Del Olmo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dirigirse a la Comunidad de Madrid, a fin de que lleve a cabo, "a la mayor brevedad posible, la implantación de las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los edificios judiciales". El Ejecutivo regional aclaró que no está obligado por ley a tener desfibriladores en el edificio donde falleció el magistrado, el Juzgado de lo Social número 25. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales denunció la escasez de medios y la situación de estrés a la que se enfrentan jueces y fiscales debido al incremento de la litigiosidad derivada de la actual situación económica.

EL VERDADERO TRABAJO DE UN PSICÓLOGO FORENSE

20 de julio de 2013

Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui
Capítulo del libro colectivo Marea Blanca, 
coordinado y recopilado por Luis Daniel Martín. ViveLibro, 2013.

Me llamo Ana y soy psicóloga forense. La gente asocia habitualmente a los forenses con los muertos -será que hemos visto muchas series de televisión-, pero los psicólogos forenses trabajamos con víctimas, con supervivientes. Ser víctimas de una agresión sexual o física, o encontrarse en el escenario de un atentado, nos puede ocurrir a cualquiera. Y aunque no se vean las heridas físicas, porque no las haya, un hecho así puede condicionar el resto de tu vida. A nadie le deja indiferente. Algunos desarrollan tal miedo que no vuelven a salir de casa. Otros acaban sufriendo una depresión porque no pueden entender ni la maldad humana ni por qué les tocó a ellos. Muchos se sienten culpables por haber sobrevivido cuando el que estaba a su lado, a veces un amigo o un familiar, no lo hizo.
 
Aun antes de especializarme, ya trabajaba con víctimas de todo tipo: de atropellos, de agresiones sexuales, de mobbing, de violencia de género… Contando esos años de estudiante, en los que fui voluntaria de diferentes asociaciones, llevo ya veinte años trabajando con víctimas de todo tipo. Por eso sé que la ayuda psicológica en los primeros momentos es crucial, que es fundamental estar pendiente de la aparición de los primeros síntomas, que éstos pueden aparecer incluso meses y meses después de los hechos, que hay que estar muy alerta para actuar ante las primeras señales. A nadie se le escapa que es más fácil y tiene mejores resultados una detección e intervención precoz que intentar hacer remitir un cuadro instaurado.
 
Por otro lado, la asistencia sanitaria integral es un derecho de cualquier enfermo, sea su patología física o mental. Y ese derecho precisamente es el que se va a ver vulnerado con los recortes sanitarios. Si bien toda la asistencia sanitaria va a resentirse en su calidad, es en Salud Mental donde más se va a notar, sobre todo entre los enfermos crónicos que, en muchos casos, son un producto directo del sistema sanitario. En ausencia de tratamientos que incluyan la rehabilitación psicosocial, un fármaco no puede curar el déficit de habilidades, por poner un ejemplo. En el momento actual y según datos oficiales, el consumo de fármacos antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado. Eso no significa directamente que el número de personas con diagnósticos haya aumentado, sino que ha aumentado el número de personas que tienen algún síntoma psicológico y, por lo tanto, están en situación de riesgo de acabar desarrollando una enfermedad.
 
Si traducimos esto a términos económicos nos encontramos con que el impacto sólo de la depresión en nuestro país se ha estimado en 5.005 millones de euros anuales, según Valladares, Dilla y Sacristán (2008) (1).
 
Es evidente que cada problema requiere sus propios especialistas, y es obvio que ningún ginecólogo  debería atender un enfisema pulmonar ni que ningún médico de familia puede hacer un trasplante de riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos atenemos a las estadísticas que nos sitúan a la cabeza de Europa (junto con Reino Unido) en prevalencia de trastornos psicológicos (2), los estudios de King M. et al (2008) (3) y comparamos el ratio de psicólogos en nuestro país (4,3 por cada cien mil habitantes frente a 19,6 psicólogos/100.000 en el resto de Europa, datos de la OMS), nos encontramos con la paradoja de no poder dar la asistencia necesaria ni a las víctimas de cualquier hecho, atentado, agresión o accidente ni al resto de los afectados por patologías mentales.
 
El número de psicólogos en el Sistema nacional de Salud es muy escaso en Atención Especializada y prácticamente inexistente en Atención Primaria, a pesar de que sociedades médicas de atención primaria estiman que hasta el 66 % de las consultas en Primaria tienen un componente principalmente psicológico. Con este panorama no es extraño que muchas personas estén mal diagnósticas, su abordaje terapéutico se realice exclusivamente con psicofármacos, contribuyendo así al enmascaramiento de los síntomas, la cronificación del cuadro y a que la distancia temporal entre sesión y sesión, en ocasiones, supere el mes y medio.
 
El tratamiento de cualquier víctima pasa por hacer una intervención en crisis, cuando llegan a Urgencias por agresiones sexuales, agresiones físicas, crisis de pánico o intentos de suicidio. No dejarlas solas y acompañarlas durante todo el proceso, desde que ingresan hasta que acuden a poner la denuncia. Pero no hay psicólogos en Urgencias.
 
Pasa también por la detección de los problemas psicológicos en Atención Primaria y la derivación a Centro de Salud Mental de forma preferente, para que, coordinados, se pueda hacer un abordaje integral de cada caso, afrontando los problemas físicos, los psicológicos y la valoración de la trabajadora social. Pero apenas hay psicólogos en Atención Primaria, no los suficientes. Por eso hay que recurrir a los psicólogos de las  múltiples asociaciones de afectados, sobradamente motivados pero escasamente remunerados y valorados. La labor de las asociaciones es admirable, pero una de las causas de que existan es que hay deficiencias en el sistema.
 
Nos encontramos a menudo con el uso exclusivo de tratamientos farmacológicos como terapia, que inhiben o hacen desaparecer los síntomas, pero sólo mientras se mantiene la medicación. A nadie se le escapa que, si no se dota de las habilidades necesarias para afrontar la situación, o  no se soluciona el problema de base que la provoca, la sintomatología reaparecerá en el momento en que se interrumpa el consumo de los fármacos, provocando que, antes o después, nos encontremos con una recaída, lo cual empeora el pronóstico desde el punto de vista de intervención psicológica. 
 
A pesar de todas estas dificultades, la atención psicológica se iba haciendo un hueco en la asistencia sanitaria, pero ahora los recortes nos llevan a un marco diferente y desolador, en el que sólo tendrá acceso a ella quien se la pueda pagar. Los seguros privados suelen limitar las terapias a un número concreto de sesiones de una duración concreta, en ocasiones ridículo, como la duración máxima de veinte minutos. Sobra decir que va contra la ética decirle a alguien que su sesión ha terminado si en ese momento ha roto a llorar desconsoladamente o te acaba de plantear que tiene ideas suicidas. Por otro lado, el planteamiento de limitar sesiones de psicoterapia es tan irracional como decir, de antemano, sin ver al paciente, sin valorar la gravedad del caso ni el alcance de la lesión, que cualquier lesión muscular “tiene” que curarse, sí o sí, en diez sesiones de rehabilitación.
 
La privatización de la Sanidad no va a llevar sólo a una vulneración de uno de los derechos fundamentales del hombre, la salud; va a llevarnos a un mundo en el que todos aquellos que hayan sufrido cualquier hecho que les lleve a una lesión psíquica, tengan que convivir con sus fantasmas si no pueden asumir unos tratamientos caros y prologados. Hasta la cicatriz más horrible puede dejar de estar presente en la mente porque la herida se cura y deja de doler, lo que pervive en la mente es el trauma psicológico, ese que solo se puede vencer enfrentándose a él y que ningún fármaco puede borrar.
 
Por ello soy una de las batas blancas que salen a la calle, porque quiero un mundo en que toda persona que haya sufrido un hecho así tenga una segunda oportunidad y no se vea obligada a arrastrar unas consecuencias que le lastren y que podemos evitar. Que no haya enfermos de primera o de segunda en función de su poder adquisitivo y en el que la Salud, con mayúsculas, la física y la mental, esté al alcance de todos.
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(1) Valladares, A. Dilla, T. Sacristán, J. Actas Españolas de Psiquiatría, 2009.
(2) Investigación dirigida por la doctora Carmen Fernández y presentada por la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) como ponencia Violencia de género, una prioridad y un reto social. Valladolid-Salamanca, 2007.
(3) King M. et al (2008)  "Prevalence of common mental disorders in general practice attendees across Europe."  British Journal of Psychiatry, 192, 5, pages 362-367.